Varios profesionales de larga trayectoria en el campo ambiental, preocupados por el incremento vertiginoso del caos ambiental que vive el país y las políticas agresivas en contra de la naturaleza del actual gobierno, han conformado un grupo de estudio, de denuncia y de incidencia política denominado “Llamado urgente por el país”.
Se pretende determinar las causas de esta problemática, ventilarlas a la luz pública, generar espacios de discusión y concertación y proponer soluciones balanceadas y técnicamente fundadas a las y los tomadores de decisiones.
Son evidentes los argumentos y programas falaces del proyecto “Paz con la Naturaleza” y una gran cantidad de acciones concretas de esta Administración. Los hechos son elocuentes (ver Anexos). Se propone dejar al descubierto los dobles discursos de nuestros gobernantes en el tema jurídico y socio- ambiental y ayudar a formar una opinión pública más informada y proactiva, que no sea fácilmente influenciable por las estrategias gubernamentales de comunicación.
Los objetivos de este grupo son:
- Denunciar ante la opinión pública el enorme desequilibrio existente entre el discurso político con manifiesto enfoque antropocéntrico de crecimiento y la realidad de los temas ambientales y de desarrollo.
- Fortalecer la labor de CONARE en SETENA que garantice los mecanismos de control y fiscalización en materia ambiental y devuelva la confianza en los órganos públicos de seguimiento y cumplimiento del Ordenamiento Jurídico.
- Recolectar, sistematizar y priorizar proyectos para sus respectivos estudios, análisis y divulgación.
- Apoyar a las comunidades locales en su voluntad por participar activamente en el desarrollo y conservación de la biodiversidad y el recurso hídrico.
Este grupo se suma a todas aquellas personas que se preocupan por el destino del país y que ven como una necesidad sentida y urgente denunciar abiertamente modelos de desarrollo que atentan contra una tradición nacional orientada hacia el bienestar de la mayoría y hacia un desarrollo sostenible basado en ecosistemas sanos y que contribuya a un sistema inclusivo, con enfoque de género, con donde la equidad y bienestar de las comunidades presentes y futuras de nuestro país este por delante.
Grupo “Llamado urgente por el país”
- Dr. Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Director Escuela Geografía, UCR.
- M.Sc. Mario Arias Salguero, Geólogo.
- M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, Bióloga, M.Sc. Saneamiento Ambiental, Coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI-CICA), UCR
- M.Sc. Javier Baltodano Aragón, Biólogo, M Sc. Desarrollo Rural, miembro de la Asociación de Comunidades Ecologistas la Ceiba (COECOCEIBA)
- Dr. Nicolas Boeglin, Profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN
- Lic. Carlos Camacho Garro, Geógrafo, especialista en SIG y miembro de PruGAM.
- M.Sc. Rolando Castro, Abogado, profesor de la Maestría en Derecho Ambiental de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN
- Dr. Alberto Cortés Ramos, Politólogo, miembro del Consejo Universitario de la UCR.
- Ing. Sergio Feoli Boraschi, Ingeniero Forestal, especialista en Sistemas de Información geográfica, miembro del equipo PRUGAM.
- Dr. Rafael González Ballar, Abogado, Decano de la Facultad de Derecho de la UCR.
- M.Sc. Raúl Guevara, Abogado.
- Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Biólogo, Doctor en Genética, Catedrático, Escuela de Biología, UCR.
- Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Doctor en Biología, especialidad en Genética de Poblaciones y Ecología Forestal, Escuela de Biología, UCR, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR.
- M.Sc. Oscar Lucke, Geógrafo, Profesor Escuela de Geografía de la UCR, Asociado Centro Científico Tropical (CCT)
- Lic. Patricia Madrigal Cordero, Abogada, Gerente CoopeSoliDar R.L, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) y de la Comisión de Políticas Sociales, Ambientales y Económicas (CEESP) de la UICN.
- M.Sc. Mario Peña Chacón, Abogado, Máster en Derecho Ambiental, consultor legal ambiental, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR y de la Universidad Tecnológica Centroamericana, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN y de su comisión de expertos en aguas y humedales.
- M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, notario y consultor ambiental. Máster en Derecho Ambiental, egresado de Maestría en Desarrollo Sostenible UCR, académico en Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional (UNA)
- M.Sc. Vivienne Solís Rivera, Bióloga, Presidenta Consejo de Administración de CoopeSoliDar R.L Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y de la Comisión de Políticas Sociales, Ambientales y Económicas (CEESP) de la UICN.
- M.Sc. Luis Carlos Vargas Fallas, Master en Salud Pública, especialista en aguas.
Para más información escribir a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Anexos
- Ante la promoción de una expansión inmobiliaria y turística acelerada y desordenada, la legislación ambiental de la que tanto nos orgullecemos, de repente se ha convertido en una serie de restricciones inconvenientes para estos fines, por lo que el Gobierno ha tomado medidas ya sea para modificarla o para evadir solapadamente su aplicación.
- La legislación de las áreas silvestres protegidas. A contrapelo de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual establece que solamente mediante la promulgación de una Ley y la realización de estudios técnicos es posible segregar porciones de las áreas silvestres protegidas, el Poder Ejecutivo ya ha promulgado dos decretos que segregan partes terrestres y marinas de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo e Isla San Lucas.
- Las normas que establecen zonas inconstructibles. Para levantar estos obstáculos se han promulgado, sin ningún criterio técnico, decretos como el que cambia de un 60% a un 75% la pendiente máxima sobre la que se puede construir en un terreno y el que convierte en constructible el anillo de protección de la GAM.
- La obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental y de someterla a aprobación de la SETENA sería un obstáculo para las ambiciones de inversiones a gran escala. So pretexto de la lentitud en los trámites de aprobación de dichas evaluaciones, la SETENA fue intervenida por el Ministro de Competitividad, de manera no oficial y con la complicidad del Ministro del Ambiente. Lamentablemente dicha intervención se hizo a costas de los fines mismos de la SETENA, que buscan asegurar la sostenibilidad ambiental de las actividades, obras y proyectos humanos, pues se ha convertido en una máquina de otorgar viabilidades ambientales como un simple requisito más. Anexo a este comunicado, se presenta una lista de las acciones tomadas para debilitar el control ambiental de la SETENA.
- Un impedimento más lo constituye la participación ciudadana. La tendencia ha sido a ir cerrando los espacios de participación ciudadana ya creados anteriormente. Dos ejemplos de ello son, en primer lugar, la no convocatoria, desde noviembre del 2006, de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA en temas de evaluación de impacto ambiental y de gestión ambiental, la cual, mientras funcionó, desarrolló reglamentos e procedimientos técnicos de forma concertada entre actores muy diversos. En segundo lugar, la emisión de un decreto que deniega el acceso a los expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo a quien no sea parte en el proceso o su representante.
- Una norma que la Sala Constitucional misma derivó del artículo 50 de la Constitución Política: la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores municipales y, en general, en la planificación del uso del suelo, se convierte en otro problema para el gobierno. Ejemplo de ello fue la emisión de un decreto que establece parámetros de desarrollo urbano para la región Chorotega. Este decreto, aparte de invadir competencias del INVU, no integró la variable ambiental. También existe la voluntad del Ministro de la Competitividad, manifestada en diferentes foros, de eliminar el instrumento técnico, establecido por decreto, para la integración de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo y ello a pesar de que las municipalidades ya lo están utilizando.
- Las leyes de protección de los ecosistemas forestales y de los ecosistemas de humedales, pues prohíben el cambio de uso del suelo en los terrenos cubiertos de bosque, así como el drenaje y el relleno de humedales. Ejemplo de ello ha sido la elaboración unilateral, por parte del Ministerio de la Competitividad, de proyectos de decreto de forma poco participativa e inconsulta con los actores sociales.
- La legislación ambiental ha sido igualmente una piedra en el zapato para el desarrollo insostenible, promovido por este Gobierno, de actividades tales como el monocultivo de la piña, la minería metálica a cielo abierto, la exploración y explotación de hidrocarburos, el desarrollo inmobiliario masivo, particularmente en las regiones costeras, y la construcción de mega marinas turísticas. Al hacer un recuento de irregularidades en todas estas actividades dos temas son recurrentes: la ausencia de aprobación o aprobación irregular de viabilidades ambientales de parte de la SETENA y la toma de decisiones sin participación ciudadana.
Cada una de las acciones descritas anteriormente, así como muchas otras no mencionadas en el presente documento, constituyen sangrados de mayor o menor proporción que se suman para causar una hemorragia de grandes proporciones a nuestro sistema de protección ambiental.
Fuente:
Julia Ardón / Nicolás Boeglin
http://www.juliaardon.com/2008/10/costa-rica-ecologia-llamado-urgente-por-el-pais/
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Comentarios (1)
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escrito por MARÍA ELENA SALAZAR, October 26, 2008
Es deber de las personas adultas dejar a las generaciones venideras un ambiente igual o mejor al encontrado al llegar a este planeta. La responsabilidad ambiental es de todos y todas. Asumir esta responsabilidad significa convertirnos en contralores y guardianes de la naturaleza, de la que somos parte. Cada comunidad en el país tiene grandes riquezas naturales. de ahí que todos los habitantes debamos conocer lo que está sucediendo con las zonas protegidas y qué medidas se están tomando desde los Concejos Municipales. Visitar de vez en cuando las sesiones municipales, permitiría conocer las decisiones y hasta presionar para que se tomen medidas adecuadas. Estas son actividades que todos y todas pueden realizar en sus comunidades y esto podría ser otro motor de aglutinamiento social.
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Ecología: Llamado urgente por el país
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