Â
Entre los requisitos para optar por un puesto en un centro de rehabilitación estatal, está la realización de un examen de VIH/SIDA, Sin embargo este requisito llevó a una persona a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
El Alto Tribunal Constitucional declaró con lugar el recurso y ordenó a las autoridades de la entidad no realizar el respectivo examen.
Sentencia
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Vinicio Mesén Madrigal, en su condición de Director General del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) o a quien en su lugar ejerza el cargo, no hacer pruebas de HIV para detección del Sida a los aspirantes a puestos laborales de esa Institución, aunque sean voluntarias", puntualizó la resolución 2010-1874.
Â
El amparo lo presentó un hombre quien el 14 de abril del 2009 inició sus labores en el centro de rehabilitación recurrido como asistente de pacientes en NeurologÃa.
El recurrente alegó que para optar por un puesto se le entregaron los documentos respectivos para que se realizara exámenes de rayos x de la columna vertebral, hepatitis, heces, orina, VIH/SIDA y sÃfilis.
Ante su asombro por la solicitud del examen de VIH, se dirigió a una de las doctoras y le indicó que este requerimiento iba en contra de la ley, además que le indicó que él era portador de la enfermedad y ante esta situación se le indicó que no trabajarÃa en el centro, pues era la encargada de dar los vistos buenos para la selección y que no señalarÃa que es apto para el puesto por ser una persona enferma.
Según señalo el amparado en el recurso, la profesional le indicó que no debÃa seguir en el proceso de reclutamiento, pues los exámenes serÃan un gasto innecesario, pues los resultados ya se conocÃan.
De acuerdo con el afectado, se le hizo saber que una persona con SIDA es un peligro para los pacientes que son atendidos en el Centro de Salud.
La Sala Constitucional, además de ordenar que no se realicen más este tipo de exámenes, también advirtió a las autoridades recurridas que de no cumplir con lo que dispuso en la resolución constitucional se exponen a una sanción de tres meses a dos años o al pago de veinte a sesenta dÃas multa, por el delito de desobediencia que establece el artÃculo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Además se condenó a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causado.
Â
KAE / El Pregón.org
Â
Canal RSS de Comentarios
escrito por JFélix Montero, February 23, 2010
escrito por Deyner Salazar Calvo, February 23, 2010
escrito por José Rodriguez, February 25, 2010
Para crear un enlace hacia este artículo,
copie y pegue el texto abajo en su sitio web.
Vista previa:
22 febrero | karla espinoza. Se condenó a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de fundamento a la declaratoria  Entre los requisitos para...
