Una de las continuas preguntas -sin respuesta aparente- con relación al modelo de desarrollo que debe adoptar un paÃs se refiere a si la diversidad y los conflictos de los intereses que se dan en una sociedad medianamente democrática, como la nuestra, no podrÃan reducirse mediante cambios fundamentales en el orden económico, por ejemplo mediante la propiedad pública o social de las empresas, como ya se ensayó y de alguna forma continua a través de diversas instituciones públicas, o mediante la entrega a los intereses privados, como tÃmidamente se ha estado ensayando, no mediante privatizaciones descaradas, sino a través de lo que el gobierno que concluye ha denominado como "apertura"; que no es más que la simple ruptura de los monopolios públicos en actividades estratégicas, mientras que permitÃa la permanencia de monopolios privados, sobre lo que ha caÃdo un manto de silencio durante estos cuatro años.
Estas ideas, corrientes sobre todo en los socialistas, en el primer caso, y de los neoliberales, en el segundo, no aportan una respuesta definitiva.
Un cambio de lo "privado" a los "social" o "público" (o viceversa) no reduce necesariamente el número o la autonomÃa de las organizaciones de un paÃs. Lo esencial no es si las organizaciones y empresas son de propiedad privada o social, sino las decisiones económicas son descentralizadas y hasta qué punto, o sea, cuál es el grado de autonomÃa que se les permite. Esto parece ser teóricamente independiente del tipo de propiedad, y por ende del "capitalismo" o del "socialismo" como tales. Una economÃa basada en la propiedad privada puede o no puede ser muy descentralizada, de la misma forma que una basada en la socialización de los medios de producción puede o no puede ser muy centralizada.
Sin embargo, podrÃa decirse que la transformación de una economÃa de propiedad privada a otra de propiedad social o pública eliminarÃa, o reducirÃa enormemente, los conflictos de intereses inherentes al capitalismo. En el supuesto de que al tener los ciudadanos más intereses en común y menos en pugna, hallarÃan más simple converger en torno a un bien común o público. Pero detrás de ello, aunque la idea resulte atractiva, existe el peligro de abrigar expectativas ilusorias sobre el grado en que un régimen de este tipo disminuirÃa los conflictos polÃticos y económicos y propenderÃa a la armonÃa social.
Para empezar, no todos los conflictos que se manifiestan en una sociedad democrática son económicos; a menudo los más difÃciles de resolver son precisamente los que no lo son: cuestiones religiosas, raciales, de nacionalidad, rivalidades étnicas, problemas lingüÃsticos, lealtades regionales, recepción de migrantes, problemas ecológicos, etc. O bien se originan en perspectivas ideológicas, principios éticos y modos de percibir el mundo y la propia realidad nacional, de reflexionar sobre él y de actuar en consecuencia.
En segundo lugar, la experiencia demuestra que en regÃmenes de este tipo las élites polÃticas, por un lado, y las burocracias entronizadas dentro de ellas, por el otro, puede transformar las organizaciones públicas, de cualquier tipo, en islas separadas de la realidad nacional, para beneficio de los propios polÃticos y sus burocracias. Pruebas de ello tenemos sobradamente en el aparato gubernamental costarricenses, en donde las organizaciones creadas para solucionar problemas sociales son utilizadas por los polÃticos en la más vulgar muestra de clientelismo, y donde las organizaciones productoras de bienes o servicios (como los Bancos del Estado, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, Radiográfica Costarricense, la CIA. Nacional de Fuerza y Luz, y muchas otras más) se encuentra secuestradas por los burócratas, para su propio beneficio.
El problema de fondo radica, al parecer, en que en un paÃs pluralista donde la sociedad sea moderadamente compleja, vale decir, en cualquier paÃs medianamente democrático, como Costa Rica, es difÃcil determinar el "bien común" con precisión suficiente como para que él pueda orientar las decisiones colectivas. Y si, para empeorar el panorama, los mal llamados partidos polÃticos no posee una plataforma ideológica coherente y claramente expresada, sino que son mecanismos electorales al servicio de grupos de interés e influencia, mal se puede llegar a la elaboración de programas de gobierno y de planes de desarrollo que busquen el bien común. Es decir, no se define un modelo de desarrollo.
Una opción consiste, según algunos estudiosos del tema, en renunciar a todo empeño por descubrir un bien común, o un conjunto de bienes comunes, a todo un pueblo, en todos los alcances y jurisdicciones de las decisiones colectivas, y buscar en cambio el bien de los individuos comprendidos dentro de determinadas esferas de decisión colectiva, como se ha practicado en este paÃs durante decenios. O como señalaba Michael Walzer en su obra Esferas de Justicia, el problema no es el "bien común" como tal, sino la justicia distributiva, es decir, la distribución de los bienes entre las personas de la comunidad nacional: seguridad, bienestar, dinero, mercancÃas, trabajo, ocio, educación, poder polÃtico, entre otros, todo lo cual está sujeto a presiones morales que atiende a una cierta justicia distributiva. Y aceptando desde el inicio que los criterios apropiados para la distribución de un bien social en una de las esferas, podrÃa ser inapropiado en las otras.
La visión de proceso democrático costarricense que ha orientado la forma de conformar el Estado se fundamente en la concepción de que es un sistema polÃtico cuyos miembros se consideran unos a otros iguales, son colectivamente soberanos, y poseen todas las capacidades, recursos e instituciones necesarios para autogobernarse. Sin embargo la realidad es tristemente otra. No existe tal igualdad, excepto al momento de ejercer el sufragio cada cuatro años, cuando se elige directamente el Gobierno y la Asamblea Legislativa, y de forma indirecta a los integrantes del Poder Judicial, ya que los magistrados son designados por el grupo mayoritario en la Asamblea, que generalmente se corresponde con el Poder Ejecutivo. Y no es cierto que posean las capacidades y recursos para expresar sus deseos con relación a decisiones que los afectan directa o indirectamente. Ello queda en manos de los polÃticos elegidos para gobernar, que no necesariamente son movidos por el bien común, sino por intereses corporativos bien claros y de fácil identificación.
El gobierno que termina entre sombras ominosas y el que se aproxima como una continuidad del actual, dejan mucho que desear en este campo. El que termina se autocalifica como el gestor de un cambio dramático en el modelo de desarrollo: del socialdemócrata al neoliberal, y el que se avecina no da muestras de ser otra cosa que la continuación del primero. Pero ha sido un cambio a medias, debe reconocerse asÃ, como todo lo costarricense, que se caracteriza por decisiones y medidas que procuran quedar bien con todos, aunque no precisamente con el bien común, pues el término "todos" se refiere a los grupos de poder e influencia.
Y allà está el fallo fundamental: la indefinición. El gobierno que termina logró implementar a la fuerza ciertas medidas que tienen que ver con la ruptura del poder del Estado en lo concerniente a la producción de bienes y servicios, pero sin eliminar las organizaciones públicas existentes orientadas hacia ello, es decir, sin realizar una Reforma del Estado indispensable y necesaria. Con lo cual nos deja en una situación peor que la anterior. Permite la penetración de la voracidad capitalista y deja las organizaciones existentes corrompidas por unas burocracias alienantes y egoÃstas, con la esperanza de que ellas solas se autodestruyan a través de su ineficiencia, ineficacia y ausencia de productividad, y sucumban ante la competencia de las empresas privadas a las que les permite desarrollar las mismas actividades. ¡Otra vez el problema de centralización y descentralización de la decisiones gubernamentales!
Si este paÃs tuviera un sistema democrático avanzado el sistema económico deberÃa entenderse como un instrumento no sólo de la producción y distribución de bienes y servicios, sino de una gama mucho más amplia de valores, incluidos los mismos valores democráticos. El sistema económico debe estar al servicio de los ciudadanos todos, no solamente a los dueños del capital y los medios de producción, y ello es lo que no vemos por ninguna parte.
Corresponde al Estado un papel clave en la tarea de potenciar las posibilidades de concertación y acción de la democracia, en la búsqueda de nuevas alternativas de crecimiento y productividad. AsÃ, le compete crear las condiciones necesarias para impulsar la articulación social y los acuerdos sectoriales y globales; asimismo, le corresponde un papel relevante en los campos prioritarios como el desarrollo efectivo de la integración económica, el avance sostenido en el área de la incorporación de tecnologÃas de punta al proceso productivo, el incremento del poder de negociación de la economÃa nacional y la promoción de las potencialidades productivas de la sociedad.
Esta y otras misiones estratégicas deberán ser encaradas por el nuevo gobierno en un contexto histórico bastante confuso, que es el que nos deja el gobierno saliente, con umbrales de complejidad casi inéditos. Y no nos queda más que esperar que prive la lucidez, el buen sentido y la inteligencia, en el nuevo gobierno, para desenredar la madeja en que estamos sumergidos.
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Alfonso J. Palacios EcheverrÃa
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