
Las organizaciones sociales de personas con discapacidad, a través del COINDIS (Comité de Información de las Organizaciones Sociales de Personas con Discapacidad) se mostraron sorprendidas y muy preocupadas porque el Proyecto de Reformas a la Ley de Tránsito se encuentra en consulta y no tomaron en cuenta a este sector del paÃs a quienes por ley se les debe consultar.
La profesora Ligia Araya DÃaz, secretaria de la Federación Red Pro Personas con Discapacidad de Costa Rica (FEREPRODIS) y coordinadora del COINDIS lamentó la ignorancia que existe entre la Asamblea Legislativa a la hora de enviar a consulta las diversas leyes que analizan y aprueban a este poder de la República.
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La Ley de Tránsito en discusión en los cÃrculos polÃticos y sociales del paÃs deber ser consultada por las organizaciones sociales de personas con discapacidad según consta en la ley 7.600 en su artÃculo 13. Ahà se indica claramente "las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad, recalcó DÃaz.
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Hoy los diversos medios de comunicación informan que
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la iniciativa se encuentra en consulta ante la Corte suprema de Justicia, las universidades públicas, el Consejo Superior de Educación , el INA y la CCSS y en ningún momento se respeta la ley con la consulta que deben hacerle a las personas con discapacidad·
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Lo anterior es muestra de la ignorancia, de un poder de la República que aprueba leyes sin saber a que le dan su voto afirmativo, además, dejan a una importante población del paÃs a la deriva y sujeta a intereses polÃticos y económicos, sin respetarle sus derechos fundamentes establecidos en leyes nacionales y compromisos internacionales como lo se establece en la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y su Protocolo, expresó Araya.
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Un llamado a las y los diputados
Las personas con discapacidad hacen un llamado a los señores diputados para que se les respete sus derechos humanos y que se les tome en cuenta cuando hacen, reforman o propongan leyes conforme se establece en el artÃculo 33 de la Convención de las Naciones Unidas donde el paÃs se compromete a adaptar toda la legislación existentes a los derechos fundamentales de este grupo de la población costarricenses.
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KAE / El Pregón.org
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