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26 abril / karla espinoza. Edificios de la Asamblea Legislativa no son Accesibles

El Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad ve con gran preocupación las limitaciones y barreras arquitectónicas que el edificio del Poder Legislativo le impone a la población con discapacidad y adulta mayor.

Miriam Zamora, persona adulta mayor, se vio obligada a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional pues el edificio del Congreso no le ofrece ninguna alternativa para llegar hasta las barras del público, lo cual lesiona su derecho de acceso.

Sentencia

Los magistrados le dieron la razón a  Zamora y ordenaron que la Asamblea Legislativa realice las obras de infraestructura necesarias en un plazo improrrogable de seis meses. Los trabajos incluyen la construcción de un ascensor, una rampa externa para el acceso a las barras y pasamanos.

Para el COINDIS es preocupante que sea el Primer Poder de la República, donde se gestan las leyes de este país, quien incumpla con lo dispuesto en la Ley 7600 y su reglamento, pues fue la misma Asamblea Legislativa quien aprobó esta ley 14 años atrás con el fin de reivindicar los derechos de la población con discapacidad de Costa Rica.

Según Ligia Araya, coordinadora del Comité,

es el Estado y todos sus poderes quienes deben dar el ejemplo y cumplir a cabalidad con lo dispuesto en la legislación sobre discapacidad. ¿Con qué autoridad moral el Estado le va a pedir a las demás instituciones y entes privados que cumplan con la Ley 7600 si el mismo Estado es el primero que incumple con dicha normativa?

 

Araya agregó que esta serie de incumplimientos, sumado al argumento de que no hay recursos para realizar las adecuaciones, evidencia una falta de planificación total en materia de discapacidad, la cual se ve reflejada en los presupuestos anuales operativos de las instituciones estatales. "Pareciera que las prioridades no están claras" comentó Araya.

Además espera que las rampas y demás ajustes que ahora se realizarán por mandato de la Sala Constitucional cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas en cuanto al grado de inclinación de las rampas, así como el techado de las mismas para evitar resbalones por el agua en el caso de construirse externas al edificio.

Por ello, el Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad hace un llamado a la Administración de la Asamblea Legislativa y el resto de poderes del Estado para que de una vez por todas prioricen en sus planes y programas a la población con discapacidad de Costa Rica, la cual fue declarada de interés público en el artículo Nº1 de la Ley 7600.

 

Nos siguen viendo como ciudadanos de segunda o tercera categoría y hasta que eso no cambie seguiremos siendo discriminados, incluso por el propio Estado costarricense, concluyó Araya.

 

 

 

KAE / El Pregón.org