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Mar 10 | anep. Carta enviada a Rodrigo Arias, ministro de la presidencia, y a José Torres, director de la DIS.

Con nuestra presencia física esta mañana de jueves 5 de febrero de 2009, aquí, frente a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), planteamos fuerte demanda y exigencia de que se dé la apertura total de sus archivos secretos que sabemos existen; y que, paralelamente, se nos permita tener acceso a los expedientes personales, a las fichas personales de cientos y cientos de personas, ciudadanos y ciudadanas costarricenses; quienes, como los que hoy aquí hemos venido a estas oficinas centrales de la DIS, hemos asumido posiciones patrióticas y de defensa de la soberanía nacional, en distintos momentos y por diversas circunstancias, a lo largo de los últimos años.

La DIS, una verdadera policía política que ofende profundamente la convicción democrática del pueblo costarricense y que representa una afrenta a nuestras mejores tradiciones de convivencia civilizada, ha realizado toda una labor de espionaje político, bajo distintas formas y modalidades y, en todos los casos, al margen de la ley; en contra de los derechos democráticos y de la intimidad privada de cientos y cientos de ciudadanos y de ciudadanas de diversas creencias y filosofías políticas que, por una razón u otra, hemos estado en defensa del Estado Social de Derecho que nos fue legado y en defensa de la institucionalidad democrática tan mancillada por el grupúsculo de gran poder económico cuyos intereses estratégicos, desde el espionaje político, han sido defendidos por la DIS.

Es más, si desde los mismísimos grupos mediáticos al servicio de ese gran poder económico, hoy también se reclama, como nosotros lo hacemos, por la disolución de la DIS; es muy probable que se estén manejando datos y situaciones más allá de lo político-ideológico, para constituirse, eventualmente, en elementos de chantaje ante las disputas internas que se dan en el seno de ese gran poder económico por hegemonías personal y/o sectoriales, en el manejo de la cosa pública facilitadora de negocios privados.

También venimos a reclamar para que, con la más absoluta transparencia, se manifieste la naturaleza de presuntos vínculos externos, en materia de asesoría en seguridad y espionaje político brindados a la DIS por parte de otras policías políticas de otros países. Tal es el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la República de Colombia, hoy abiertamente cuestionado por sus supuestas conexiones con el narcotráfico y el paramilitarismo e, incluso, por la venta en el mercado de datos privados producto del espionaje realizado aún en contra de sus propias autoridades político-gubernamentales. Igualmente, es preciso saber la naturaleza de los vínculos de la DIS con los servicios de inteligencia estadounidense que presumimos de su existencia.

Hoy venimos, también, a manifestar nuestro respaldo a la necesaria iniciativa de ley que permita la disolución de la DIS, completa, sin eufemismos y a la mayor brevedad. Afortunadamente, nuestra Patria goza hoy en día de una ciudadanía sumamente crítica que entiende la práctica de la democracia mucho más allá de los torneos electorales cuatrienales; y, por tanto, una ciudadanía que no necesita esconderse para practicar la política en el buen sentido del término. Así lo demostramos con ocasión de la gesta histórica en oposición al pernicioso tratado (TLC) con los Estados Unidos; proceso en el cual, estamos absolutamente convencidos, de que la DIS nos espió, nos siguió, nos puso "fijos", fotografió, tomo videos, hurgó en nuestros espacios privados de recreación grupal, elaboró reportes, se infiltró en nuestras reuniones, asambleas, marchas, etc., etc.

Y, probablemente, lo hizo con toda facilidad, sin mucho esfuerzo, dada la profunda transparencia y la total apertura con que fueron ejecutados todas las acciones, procesos y movimientos de la gigantesca coalición cívica del No al TLC; pero, todo lo hicieron ilegalmente, violando nuestras libertades constitucionales y la cultura democrática costarricense; espiándonos como si fuésemos elementos cuasiterroristas.

Y es aquí, precisamente, donde expresamos un fuerte emplazamiento público al señor Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, superior jerárquico-político con poder absoluto sobre la DIS, para que rinda cuentas sobre todas las directrices, directivas, orientaciones, instrucciones, que debió haber impartido en tal condición, para que nuestras actividades cívicas, nuestros eventos organizaciones, nuestras protestas pacíficas, fuesen espiadas e infiltradas con ocasión del proceso del No al TLC.

El señor Ministro de la Presidencia debió haber recibido una enorme cantidad de reportes secretos acerca de los resultados del seguimiento y de la infiltración de nuestras actividades cívico-patrióticas. Y, por tanto, tenemos derecho a saber cuántas veces nuestros nombres, en cuántas ocasiones nuestras organizaciones, cada cuánto nuestros procesos fueron objeto del interés de la policía política costarricense y, particularmente, del Lic. Rodrigo Arias Sánchez.

A la vez, hemos quedado profundamente sorprendidos al enterarnos que la policía política costarricense, la DIS, ha sido utilizada para el resguardo de material electoral, especialmente con ocasión del referéndum sobre el TLC con Estados Unidos lo que, indudablemente, aumentan los cuestionamientos sobre las actuaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en tal proceso, profundizando la duda acerca de la transparencia de las actuaciones de éste, que ya anida en importantísimos sectores de la ciudadanía democrática costarricense.

Finalmente, exhortamos a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas para que, sin mayor dilación, procedan a aprobar una ley para disolver a la DIS. No hay duda de que muchas de las actuales personas legisladoras del parlamento costarricense, deben tener su ficha, su expediente en la DIS; en algunos casos por razones político-ideológicas; en otros, como elementos de potencial chantaje para las eventuales disputas internas del grupo de poder económico que controla la acción política de la mayoría parlamentaria ya conocida.

Somos personas honestas, somos personas trabajadoras y somos personas de fuerte convicción patriótica. Somos una parte de la gran ciudadanía activa que, para ventura de la democracia, ya viene jugando papeles históricos. Por tanto, aquí dejamos nuestros nombres, porque nada escondemos, porque nada ocultamos, porque ustedes, los de la DIS, con toda seguridad, saben todo de nosotros. Reiteramos nuestra exigencia de que abran todos sus archivos secretos y que a cada persona incluida en ellos, se le devuelvan los mismos, se le permita recuperar su privacidad violentada y se le permita la recuperación de sus derechos constitucionales violentadas por el espionaje ilegal ejercido durante muchos años por la policía política costarricense: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Ciudadanas y ciudadanas costarricenses cuyas firmas están adjuntas a la presente carta, con copia:

• Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
• Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
• Honorables señores y señoras, diputados y diputadas, Asamblea Legislativa.
• Honorable magistratura, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
• Lic. Francisco Dall'Anese Ruiz, Fiscal General de la República.
• Dra. Lisbeth Quesada Huertas, Defensora de los Habitantes de la República.
• Honorables jueces Corte Plena, Poder Judicial.
• Medios de comunicación colectiva.
• Organizaciones de la sociedad civil costarricense.
• Archivo.

 

Fuente:
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

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